La historia de la escuela concertada en España ha evolucionado desde la necesidad a la dialéctica política. Los colegios de iniciativa privada sostenidos con impuestos se establecieron como parte del sistema público en 1985, con las mismas condiciones teóricas que los públicos, mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) por falta de recursos.

Más de 30 años después, el debate en torno a este modelo educativo ha mutado de la necesidad a la ideología con la bandera de la libertad de elección como estandarte (de algunos). Y con el dinero siempre de fondo: los colegios piden más y bajo el argumento de su infrafinanciación pública piden cuotas voluntarias a sus familias, pese a que la normativa las prohíbe.

El PSOE quería universalizar y alargar (de 14 a 16 años) la enseñanza obligatoria y gratuita, pero la red de centros públicos no daba de sí. Construir colegios no era una opción, por lo que se decidió tirar de centros privados que desearan integrarse en el sistema. Se les obligaría a aceptar los mismos requisitos de admisión y funcionamiento que los públicos y se establecieron unos módulos económicos para financiar las unidades concertadas (en realidad no se conciertan colegios enteros, se conciertas aulas, de manera que un colegio puede tener líneas concertadas y otras no), además de hacerse cargo de los salarios de los docentes.

Hoy, la escuela concertada acoge a uno de cada cuatro alumnos en el sistema obligatorio. Este sistema de pagar a las escuelas privadas para funcionar como públicas no es exclusivo de España, pero sí ha alcanzado aquí un desarrollo notorio. El 29% de alumnado matriculado en sus aulas (en la etapa obligatoria, de 6 a 16 años) solo es superado en Europa por Bélgica, que está entre el 47% de la comunidad francesa y el 62% de la flamenca, según datos de un estudio de UGT. Francia, Malta y Holanda también tienen tradición de escuela concertada.

En cifras, la escuela concertada acoge a cerca de un millón de alumnos y emplea a 130.000 profesores en 3.500 centros. Aproximadamente, seis de cada diez colegios concertados pertenecen a la Iglesia o a fundaciones asociadas a ella. El resto son, en su mayoría, pequeñas iniciativas privadas. Su desarrollo por el país no ha sido uniforme, y su mayor implantación se da en comunidades autónomas con uno o dos elementos en común: rentas per capita altas y/o una larga tradición de gobiernos populares (ver gráfico).

El debate sobre la concertada es recurrente, aunque muy desigual en su intensidad según la comunidad autónoma, y lleva varios años pivotando sobre los mismos argumentos. Los detractores señalan el coste que le supone al Estado, explican que los 6.179 millones de euros que se destinaron a centros concertados en 2017, según la Estadística del gasto público en educación. Resultados provisionales del año 2017 del Ministerio de Educación, se detraen del sistema público y que, además, la escuela concertada cronifica las desigualdades sociales porque, aunque en teoría no pueden seleccionar a su alumnado, como no puede la pública, lo hacen de facto. Por ejemplo, imponiendo las famosas cuotas voluntarias, que filtran a las familias que pueden permitirse pagar –por ejemplo– 60 euros al mes.

La patronal de la escuela concertada enarbola por encima de todo la libertad de elección de los padres como argumento irrefutable en sí mismo, pero por si fuera necesario sostienen que los módulos no llegan a cubrir siquiera el coste del alumnado, que llevan décadas sin actualizarse y que por ello le hacen un favor al Estado, ofreciendo una educación más barata que la pública. La estadística, sin contexto, parecería dar la razón a este argumento. Los casi 7.000 millones de gasto en concertada suponen un 12,5% de los 49.424 millones de euros de gasto educativo total, cuando atienden al 29% de los alumnos.

Tiene una explicación, aseguran los defensores del sistema público ahondando en su argumentario. Como los concertados eligen a su alumnado, este proviene de estratos sociales más altos y por tanto no tiene las necesidades de refuerzo y apoyo que sí tienen otros alumnos. La estadística también les da la razón: la escuela pública matricula al 80% de los alumnos inmigrantes pese a escolarizar a menos del 70% de la población total, la concertada tiene un 14% de inmigrantes con un 29% del alumnado general.

La última batalla de la escuela concertada se vive en dos frentes. Por un lado, el clásico enfrentamiento derecha-izquierda sobre el papel que debe cumplir, cómo de compatible es su propia existencia con un Estado moderno y cómo afecta su presencia a la escuela pública.

El último episodio de esta larga partida de ajedrez se ha vivido en el Congreso. El PP reforzó la concertada en su LOMCE, blindando los conciertos incluso para los colegios que segregaban a sus alumnos por sexo. El PSOE ha intentado revertir esta medida en su breve estancia en La Moncloa, sin éxito. Su norma para derogar la LOMCE, que incluía medidas en favor de la pública, no llegará a tiempo de ser tramitada.

La otra pelea se vive en el seno de los defensores de la concertada y va por otra línea: quién la defiende más y se lleva el gato al agua de un importante grupo de electores con una alta capacidad adquisitiva. En nombre de la libertad de elección de los padres, frente a todo lo demás.